Cuando el presidente de una obra social que representa a casi 700.000 afiliados dice que el sistema de salud en Argentina “está muy finito”, vale la pena escuchar. Alfredo Gamietea, al frente de OSDEPYM —Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas— participó recientemente del segundo desayuno de trabajo impulsado por la institución para dar seguimiento a los avances del mecanismo de mediación PROMESA. El encuentro reunió al ministro de Salud de la Nación, legisladores, jueces federales y especialistas del sector. Lo que salió de esa mesa dibuja un mapa claro de los problemas que atraviesa el financiamiento sanitario y, también, de las soluciones que empiezan a tomar forma.
¿Qué es PROMESA y por qué OSDEPYM impulsa que sea obligatorio?
PROMESA es un decreto que establece un mecanismo de conciliación previa a la resolución judicial en conflictos de salud. La lógica es simple: antes de que un juez tenga que dictar sentencia, las partes —afiliado y obra social— se sientan con un intermediario a buscar un acuerdo. Lo mismo que ya ocurre en otros fueros judiciales del país.
"Lo que trata PROMESA es que exista una conciliación previa a la decisión judicial. Que las partes se encuentren antes de que la justicia tenga que avanzar."
El problema es que hoy ese paso es voluntario. Y la diferencia entre voluntario y obligatorio, según Gamietea, es enorme. Con apenas siete u ocho meses de vigencia, el mecanismo ya muestra resultados prometedores, pero su potencial está siendo limitado por el carácter optativo.
La buena noticia es que eso está a punto de cambiar. En el encuentro, tanto el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados como la presidenta de la misma comisión en el Senado anunciaron que impulsarán un proyecto de ley para volver obligatoria la instancia de mediación. Una vez que ese proyecto avance, las partes deberán reunirse sí o sí antes de llegar a un tribunal, salvo que exista riesgo de vida inmediato.
La mesa fue de alto nivel: estuvieron el ministro de Salud Mario Lugones, el superintendente de Salud Dr. Steberman, jueces federales y camaristas, el cuerpo médico forense, representantes de la UAS y prácticamente todas las entidades de primer y segundo grado del sistema sanitario.
El gasto en medicamentos pasó del 12% al 42%: el número que explica la crisis
Para entender la magnitud del problema financiero que enfrenta el sistema de salud, Gamietea recurre a un dato de su propia gestión que resulta contundente.
"Hace quince años, el gasto en medicamentos nos representaba entre el doce y el catorce por ciento de la recaudación. Ahora nos representa el cuarenta y dos por ciento."
En dos décadas, el peso de los medicamentos en el presupuesto de OSDEPYM se triplicó. Y ese fenómeno no es exclusivo de una obra social: es una tendencia global que en Argentina se agrava por la combinación de nuevas moléculas de altísimo costo —algunos tratamientos llegan a tres o cuatro millones de dólares— y una base de recaudación que no crece al mismo ritmo.
El caso de los monotributistas ilustra la tensión de forma descarnada: un monotributista aporta alrededor de 20.000 pesos por mes para salud. Con ese monto, la cobertura de una internación o una enfermedad compleja resulta prácticamente imposible de sostener sin cruzar subsidios o comprometer recursos de otros afiliados.
La solución que propone Gamietea —y que el ministro Lugones respaldó en la reunión— tiene dos pilares. Primero, la creación de una agencia nacional de evaluación de medicamentos, un proyecto de ley que ya estaba a la firma del presidente al momento de la entrevista. Esa agencia, que existe en Europa y en muchos países desarrollados, reuniría a especialistas para determinar con criterio técnico qué medicamentos son adecuados para qué patologías y en qué condiciones. Segundo, una medida que el propio ministro adelantó: solo los médicos especialistas podrán recetar medicamentos de alto costo, evitando prescripciones de profesionales que, con toda la buena voluntad, no conocen en profundidad las moléculas que están indicando.
Discapacidad y hospitales públicos: los otros dos frentes que preocupan al sector
Gamietea no esquivó los temas incómodos. Además de los medicamentos, señaló dos áreas donde el sistema está, en sus palabras, “distorsionado”.
La primera es el costo de los hospitales públicos. En varios casos, la atención en el sistema público resulta más cara para las obras sociales que la de los efectores privados, sin que medie posibilidad de negociación. “No podemos pagar más caro que un prestador privado. Además hay una doble imposición: todos los ciudadanos ya aportamos para la salud pública”, explicó.
La segunda —y quizás la más polémica— es el sistema de discapacidad. Gamietea fue directo:
"Tenemos más discapacitados, entre comillas, que un país en guerra."
El problema no son las personas con discapacidad genuina, sino la cantidad de prestaciones que se otorgan sin los controles adecuados. Citó como ejemplo la reciente operación del gobierno porteño para retirar señales de estacionamiento reservado a titulares fallecidos hace años: una muestra pequeña de un fenómeno más profundo. Transporte privado financiado sin necesidad, maestras integradoras asignadas en casos donde no corresponden, y una superposición de responsabilidades entre Salud, Educación y Transporte que termina concentrando el gasto —y el problema— en un solo sector.
“Cuidando a los verdaderos discapacitados hay que revisar el resto de las cosas”, resumió.
A esto se suma la ley de salud mental, que según Gamietea tampoco está colaborando con la sustentabilidad del sistema y sobre la que el Congreso ya comenzó a trabajar.
Lo que PROMESA significa concretamente para los afiliados de OSDEPYM
Para los casi 700.000 afiliados de OSDEPYM, los avances en PROMESA tienen una consecuencia práctica muy concreta: si en algún momento surge un desacuerdo con la cobertura de un tratamiento o medicamento, habrá una instancia de diálogo real antes de tener que llegar a la justicia.
Eso implica resoluciones más rápidas, menos desgaste, y soluciones que muchas veces son más adecuadas que las que puede ofrecer una sentencia judicial. Porque como explicó Gamietea, ganar un juicio no siempre significa obtener el tratamiento correcto: el medicamento puede no cumplir las expectativas, puede no estar autorizado por la ANMAT o pueden existir alternativas equivalentes a menor costo.
El compromiso de OSDEPYM con este proceso —organizando los encuentros, convocando a todos los actores y sentándose con legisladores y funcionarios— es una garantía de que la voz de los afiliados está siendo representada donde se toman las decisiones.
Un sistema que empieza a moverse
Gamietea fue honesto sobre los tiempos: “No va a ser fácil, porque la mayoría de las cosas necesitan leyes, y no es fácil sacar leyes”. Pero también fue claro en que la dirección es la correcta.
"Estamos felices de que se comience a hacer algo. La diferencia entre comenzar a hacer algo y no hacer nada es enorme."
Con PROMESA en camino a volverse obligatorio, una agencia de medicamentos próxima a crearse y un ministro con quince proyectos de ley sobre la mesa, el escenario para el sistema de salud empieza a mostrar señales de ordenamiento. Para OSDEPYM y sus afiliados, eso es motivo suficiente para el optimismo.
Conocé todos los servicios y coberturas de OSDEPYM entrando a nuestro sitio web y descubrí cómo tu obra social trabaja para que la salud sea un derecho real y sostenible.